proceso Y los procedimientos orales: puro blablabla!!

un cuando las autoridades la presumen como la mejor Ciudad Judicial del país, en sus primeras semanas de funcionamiento el inmueble de Zapopan ya es chatarra tecnológica. A las innumerables fallas arquitectónicas que brotan por doquier, se suman las interrogantes sobre las atribuciones de Celso Rodríguez González, quien como presidente del Supremo Tribunal de Justicia recibió la obra a espaldas del Poder Judicial. Ante esa “irregularidad monumental” –como la califica Alfonso Partida Caballero, presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura–, el tribunal prepara una auditoría para saber cuánto se invirtió en esa obra.



Pese a que entró en operación el pasado 17 de septiembre, la Ciudad Judicial estatal de Zapopan presenta fallas visibles en muros, pisos, plafones, instalaciones hidrosanitarias y en su sistema de iluminación. Peor aún, los proveedores y contratistas se niegan repararlas. Las garantías ya expiraron, alegan, pues el inmueble fue entregado hace un año al Poder Judicial.

El sistema de aire acondicionado –en el cual se invirtieron 65 millones de pesos– tampoco funciona. El proveedor exige 800 mil pesos más para echarlo a andar. El sistema de voz y datos, adquirido hace dos años en mil 789 pesos y aún sin estrenar ya es chatarra tecnológica. La razón: el proveedor todavía no libera las licencias, y ahora exige alrededor de medio millón de pesos más para otorgar las claves para terminar su configuración.

Los magistrados desconocen por qué el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Celso Rodríguez González, recibió las instalaciones –33 juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primer Partido Judicial (zona metropolitana)– el 31 de octubre de 2012 cuando aún no estaban concluidas; de ahí que los contratistas digan que las garantías ya caducaron.

Iniciada en febrero de 2007 con un presupuesto estimado en 325 millones de pesos, cinco años y medio después la inversión se triplicó y el proyecto dista mucho de padecerse al original, que incluía dos edificios espejo con 80 juzgados.

Tan mal diseñado está, que sus impulsores no incluyeron salas para juicios orales ni espacios para los empleados del Consejo de la Judicatura que hoy laboran en un inmueble arrendado que le cuesta al erario estatal 150 mil pesos mensuales.

Para Alfonso Partida Caballero, presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, fue una “trampa” que González Rodríguez haya recibido la Ciudad Judicial sin la supervisión de los expertos.

Y advierte: “Una vez recibida la obra, cualquier gasto que origine corre por cuenta de la institución. Con ese acto se estaba cancelando la posibilidad de hacer exigibles las garantías”.

Según Partida Caballero, el expresidente del STJ incurrió “en una irregularidad monumental” al recibir la Ciudad Judicial a título personal con dos de sus más cercanos secretarios y falsear las actas. A últimas fechas, dice, se han recibido documentos en los cuales se desmiente a Celso, quien insiste en que sólo deben hacerse efectivas fianzas y pólizas.

Eso, según Partida, es falso. “Cuando él recibe lo hace con el afán de terminar la responsabilidad de las empresas y asumirla él en forma personal para que, si se vencían las garantías, ya no se pudiera hacer nada contra estas empresas”. Y así ocurrió, asegura el consejero.

–¿Lo hizo porque no tiene riesgo de una responsabilidad penal, al gozar de fuero? –se le pregunta.

–Efectivamente. Hay orígenes y el administrador de este eje del mal en la Ciudad Judicial es Celso Rodríguez junto con Emilio González –el exmandatario panista–, Refugio Martínez (Aragón, quien fue su secretario de Acuerdos), y Miguel Ángel García Aragón (director de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del STJ). Fueron ellos quienes recibieron la obra a título personal. Al hacerlo, engañaron a los magistrados, al pleno del STJ y a los medios de comunicación.

Para reparar los desperfectos, estima Partida, se requieren alrededor de 5 millones de pesos y 215 millones más para concluir el tercer piso, donde se instalarán las salas para juicios orales. Ello sin contar el problema del estacionamiento, mal diseñado y con espacios muy reducidos, que se dará en concesión a particulares, lo que será un buen negocio, toda vez que diariamente acuden al inmueble 10 mil personas, la mayoría en automóviles.

De acuerdo con el proyecto, se construirá un ciclopuerto para 100 bicicletas, en tanto los servicios de fotocopiado, cafetería y servicios complementarios también serán concesionados una vez que se firme el comodato con el Ejecutivo.

El consejero se queja por la falta de información sobre la obra. “No nos han entregado contratos ni copias de los cheques que se giraron. Simplemente nos hablan de pagos de facturas pero no hay cifras sustentadas con documentos”.